COCHABAMBA. El conflicto por el vertedero de Kara Kara vuelve a reactivarse. Los comunarios y vecinos de los alrededores del botadero se declararon en estado de vigilia permanente tras ser notificados por el Juzgado Agroambiental Nacional para la realización de una nueva inspección técnica. Los pobladores rechazan de manera rotunda esta medida, al considerarla una maniobra de la Alcaldía de Cochabamba para prorrogar el depósito de basura en un área cuyo ciclo ya feneció.
Rechazo a la inspección y defensa de la auditoría ambiental
Renzo Ramos, dirigente vecinal de la zona de Kara Kara, informó que el sector recibió el pasado 22 de agosto una notificación judicial emitida originalmente el 17 de agosto. Dicho documento ordena una nueva verificación técnica para evaluar si aún queda espacio físico disponible para albergar residuos en el vertedero.
Ramos manifestó el rechazo unánime de los vecinos a esta determinación, argumentando que contradice una auditoría agroambiental que tomó más de dos años de trabajo con especialistas de diversas áreas. «Queremos que se respete la auditoría agroambiental que determinó que el botadero de Kara Kara ya feneció con su límite para que entre más basura», aseveró el dirigente. Según lo estipulado por dicho estudio, el ingreso de desechos debió suspenderse definitivamente en agosto del año pasado.
Prórrogas vencidas y desconfianza edil
La representación vecinal cuestionó que, pese a los resultados de la auditoría, la justicia agroambiental otorgó inicialmente una prórroga de siete meses y, posteriormente, el juzgado departamental sumó otros cinco meses adicionales que vencieron de forma definitiva el pasado 30 de abril. Durante este periodo de más de un año, la municipalidad debía concluir los trabajos de reconformación de las celdas dos y tres.
No obstante, la Alcaldía interpuso un amparo constitucional con el fin de viabilizar una nueva inspección. «Estamos susceptibles porque no definieron fecha ni hora; ya sabemos cómo trabaja la alcaldía y no permitiremos esta supuesta inspección», advirtió Ramos, justificando la movilización vecinal.
La defensa de la salud y el rechazo al diálogo
Al ser consultado sobre el riesgo de enfrentar procesos judiciales por oponerse a las decisiones del juzgado, Ramos enfatizó que la lucha comunitaria no busca obstaculizar la gestión del municipio, sino proteger la vida de los habitantes. «La salud no se vende», expresó, al recordar que en 2024 la Alcaldía y exdirigentes habían pactado de forma inconsulta la continuidad del botadero por 25 años más, un acuerdo que fue revertido tras la movilización de las bases.