EDITORIAL.-

En Bolivia, la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes sigue siendo un flagelo y motivo de profunda preocupación. Según datos del Ministerio Público, durante 2025 se registraron 10.816 denuncias por delitos contra la libertad sexual, de las cuales 2.313 correspondieron a violación de niñas, niños y adolescentes. A esta situación se suman 965 denuncias por este mismo delito, registradas durante el primer semestre de 2026, según la Defensoría del Pueblo.

Son cifras que no pueden pasar inadvertidas ni convertirse en una estadística más. Cada denuncia representa una vida destrozada y una situación que debe interpelarnos a las personas, a las instituciones y al Estado. Nos obliga a preguntarnos dónde estamos fallando y qué estamos haciendo para prevenir estos hechos, proteger a quienes los sufren y evitar que la impunidad y el silencio sigan favoreciendo a los agresores.

El abuso sexual deja consecuencias terribles que pueden acompañar a una niña, un niño o un adolescente durante gran parte de su vida. Afecta su salud física y emocional, su autoestima, sus relaciones de confianza, su aprendizaje y sus posibilidades de desarrollarse plenamente, pero el daño no se limita a quien vive la agresión, pues trasciende al entorno familiar y comunitario. Por eso, prevenir esta violencia no puede ser un asunto privado ni una responsabilidad exclusiva de las familias, sino una obligación que compromete a toda la sociedad y al Estado.

Uno de los mayores problemas es que muchas situaciones de violencia permanecen ocultas, ya que acontecen en el entorno más cercano y familiar. El miedo, las amenazas, la dependencia respecto al agresor, la vergüenza y la falta de confianza en los adultos pueden impedir que niñas, niños y adolescentes pidan ayuda, en otros casos, cuando se atreven a hablar, encuentran indiferencia, incredulidad, juicios o cuestionamientos que profundizan el daño. Escuchar, creer y actuar oportunamente puede marcar una diferencia decisiva en sus vidas.

Desde ChildFund Bolivia sostenemos que ninguna niña, niño o adolescente debería crecer con miedo ni tener que enfrentar solo o sola una situación de violencia, por ello, trabajamos junto a organizaciones locales, familias, comunidades e instituciones para fortalecer entornos protectores, promover relaciones respetuosas, desarrollar capacidades de prevención y garantizar que la voz de la niñez sea escuchada y tomada en cuenta. Ejercer el derecho a una vida libre de violencia es una condición indispensable para que cada niña, niño y adolescente pueda desarrollar sus capacidades y alcanzar su máximo potencial.

Sin embargo, los esfuerzos de las organizaciones y las comunidades no pueden sustituir las responsabilidades del Estado. Se necesitan políticas públicas sostenidas, mecanismos accesibles de denuncia, servicios especializados de atención, investigaciones oportunas y procesos judiciales transparentes y honestos que eviten la revictimización y garanticen justicia. También es fundamental que las unidades educativas sean espacios seguros y que niños, niñas y adolescentes cuenten con herramientas para identificar las agresiones, hablar sobre el respeto al cuerpo, los límites personales, la confianza y la prevención de la violencia, de acuerdo con cada etapa del desarrollo.

Como sociedad, tenemos que dejar de considerar estos hechos como problemas ajenos o situaciones que solo ocurren en determinados entornos. La prevención comienza cuando aprendemos a reconocer las señales de alerta, escuchamos sin juzgar, creemos en la palabra de niñas, niños y adolescentes y actuamos ante cualquier indicio de violencia. El silencio nunca protege a la niñez, por el contrario, la deja más expuesta y desprotegida.

En el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, hacemos un llamado a renovar nuestro compromiso con la protección de la niñez y la adolescencia. No podemos acostumbrarnos a las cifras, minimizar las agresiones ni aceptar que la violencia sexual siga condicionando sus vidas y llenando las cárceles de perpetradores. La protección no debe depender de la casualidad, de quién escucha una denuncia o de la voluntad individual de ayudar, debe ser una garantía efectiva, respaldada por instituciones que prevengan, protejan y respondan.

Prevenir esta violencia exige trabajar de manera integral y sostenida como promover masculinidades no violentas y no hegemónicas que cuestionen las relaciones de poder y los patrones culturales que reproducen la violencia, impulsar una Educación Integral en Sexualidad que permita a niñas, niños y adolescentes conocer y ejercer sus derechos, reconocer situaciones de riesgo y establecer límites, fortalecer los cuidados digitales para prevenir las distintas formas de violencia en internet y desarrollar capacidades de contención y acompañamiento psicoemocional, incluidos los Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) para responder oportunamente ante situaciones de violencia.

Estas acciones deben articularse con familias, comunidades, unidades educativas, organizaciones e instituciones públicas, porque la prevención no puede recaer en un solo actor. No podemos acostumbrarnos a las cifras, minimizar las agresiones ni aceptar que la violencia sexual siga condicionando la vida de niñas, niños y adolescentes. La protección no debe depender de la casualidad ni de la voluntad individual de ayudar, debe ser una garantía efectiva, respaldada por instituciones y comunidades capaces de prevenir, proteger y actuar.

La niñez tiene derecho a crecer libre de violencia. Garantizar ese derecho no admite indiferencia, excusas ni postergaciones.

Por: Ximena Loza

Directora País de ChildFund en Bolivia

Email: xloza@childfund.org