COCHABAMBA – El proyecto de ley de Responsabilidad Electoral que busca que los candidatos electos a cargos nacionales y departamentales cumplan con sus promesas, fue presentado este pasado 12 de junio, como respuesta al recurrente olvido de los programas de gobierno una vez que las autoridades alcanzan el “poder», así lo mencionó Wilder Véliz, Senador titular electo por el departamento de Cochabamba en representación del Partido Demócrata Cristiano (PDC).
Sanciones y control riguroso
La propuesta normativa contempla la creación del Sistema Público de Monitoreo Electoral, un organismo dependiente del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) encargado de elaborar informes anuales sobre el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos durante las campañas.
Véliz explicó que el proyecto no solo busca la transparencia, sino que establece penas punitivas de libertad y sanciones económicas proporcionales al incumplimiento de los planes de gobierno. Además, estos informes deberán ser exhibidos públicamente si la autoridad intenta postularse a una reelección, permitiendo que la población ejerza un “voto castigo” basado en datos objetivos.
La mentira como detonante de conflictos
El legislador justificó la urgencia de esta ley señalando que el incumplimiento de promesas es la raíz de la inestabilidad social en el país. Según el senador, “los bloqueos simplemente existen ante el incumplimiento de los compromisos electorales”.Citó como ejemplo la situación de municipios como Sacaba, donde promesas de hospitales y plantas industriales no se concretaron tras varias gestiones, y la actual crisis de desabastecimiento de alimentos en ciudades como La Paz debido a las medidas de presión
Un llamado a la celeridad legislativa
Véliz instó a la Cámara de Senadores a tratar este proyecto con la misma premura con la que se abordaron otras normativas recientes, como la regulación de los estados de excepción. El senador enfatizó que la ley debería tener un carácter retroactivo para que las actuales autoridades municipales, departamentales y nacionales se enfoquen en ejecutar sus planes de gobierno y así evitar que la población se vea obligada a recurrir a bloqueos que perjudican la economía y el suministro de productos básicos.
El representante del PDC señaló que es urgente que las instituciones llamadas por ley establezcan el Estado de Derecho e investiguen de oficio cualquier irregularidad o violencia que surja en los puntos de conflicto, garantizando que el cumplimiento de los compromisos electorales sea el mecanismo primordial para mantener la paz social.
Redacción | Jenny Caveros