El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, presentó este miércoles una solicitud de retiro de la inmunidad al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, para investigarlo por los delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones y resoluciones violatorias a la Constitución por haber ordenado supuestamente a la exministra de Comunicaciones Jazmín de la Vega pagos ilegales a empresas contratistas del Estado.
Se da la circunstancia que la ministra fue cesada por el mandatario a través de una conversación telefónica que fue publicada el pasado mes de agosto en redes sociales y que ha servido como indicio para la Fiscalía en este supuesto caso de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi). El presidente decidió cesar a De la Vega por no cumplir con sus instrucciones para pagos a contratistas, con el fin de evitar la corrupción.
En una rueda de prensa, Curruchiche, incluido desde el 2022 en la Lista Engel de EEUU de actores corruptos y antidemocráticos, acusó a Arévalo de ser la principal persona que “fomenta la corrupción y la impunidad en Guatemala” al haber ordenado el pago de “más de 67 millones de quetzales” (8,3 millones de euros) a una empresa vinculada con el miembro del Comité Jurídico de la Organización de Estados Americanos (OEA) Gabriel Orellana Rojas, que es el representante legal de la compañía Overseas Engineering & Construction Guatemala.
Asimismo, indicó que el jefe del Ejecutivo también ordenó a la exministra el pago de más de 6 millones de quetzales (750.000 euros) a una empresa vinculada con un caso de defraudación destapado la semana pasada por la Superintendencia de Administración Tributaria, que desveló la existencia de una estructura formada por 410 empresas para defraudar al fisco más de 300 millones de quetzales (37,5 millones de euros).
Curruchiche señaló que el presidente no puede llamar a su despacho a la ministra para “ordenarle a qué empresas tiene que pagar”, dado que es una competencia exclusiva del Ministerio, por lo que sus acciones “se encuadran en abuso de autoridad, usurpación de funciones y resoluciones violatorias a la Constitución”. Por esta razón, informó que ha acudido a la Torre de Tribunales para plantear una solicitud de antejuicio, con el fin de que se le retire la inmunidad presidencial a Arévalo, de cara a poder ser investigado, lo que podría acarrear que tuviese que dejar su cargo que asumió el pasado 14 de enero. Ello tendría que ser aprobado en última instancia en el Pleno del Congreso por una mayoría de diputados.
A raíz de una denuncia interpuesta el 16 de julio por el presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, Ricardo Ménde Ruíz, se logró que una testigo entregara todos los documentos, por lo que el jefe de la FECI manifestó que hay indicios de que el presidente de Guatemala habría creado un mecanismo de pagos arbitrarios correspondientes a los años 2022 y 2023 a favor de contratistas del Estado contratados por el Micivi fuera del marco de sus funciones y atribuciones establecidas en la Constitución incurriendo así en los citados delitos.
El jefe de la FECI también presentó como indicios varias publicaciones de distintos medios de comunicación, que revelaban cómo empresas y contratistas del Estado fueron beneficiadas con los pagos del Micivi, pese a tener señalamientos de estar involucradas en casos de corrupción, como el denominado ‘Construcción y Corrupción’.
Curruchiche indicó que, por el momento, en el marco del caso denominado ‘Mecanismo de Corrupción Micivi’, solo se investiga al presidente, aunque dijo que se tendrá que establecer si hay otras personas involucradas que pertenezcan a las empresas y constructoras beneficiadas con los pagos, con el fin de citarlas para ser interrogadas. Así, apuntó que la Fiscalía solo lleva “tres o cuatro semanas” con esta investigación que, según defendió, es “seria, objetiva e imparcial y vamos a llegar hasta donde podamos llegar”.
Fuente: El Mundo.